Ocurrencias legislativas, una analogía a la actividad administrativa irregular

    José Manuel Mantecón/Chiapas Digital 

Siempre he sido defensor de las instituciones, incluidos los cimientos en los que descansan. La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la figura de la «inmunidad parlamentaria» como una garantía otorgada a los diputados federales y senadores, sólo por lo que hace a las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, a grado tal que nunca podrán ser reconvenidos por ellas; asimismo, contempla la institución del fuero constitucional bajo la denominación actual de declaración de procedencia, como una garantía de carácter procesal, otorgada a diversos funcionarios públicos expresamente enunciados, entre ellos, los diputados y senadores.

 

            Sin embargo, despúes de escuchar la propuesta de un Senador de la República en relación con las calificadoras de riesgo –sociedades anónimas constituidas con el objetivo exclusivo de calificar valores y otros riesgos, introducidas en el mercado de capitales con el objetivo de facilitar la toma de decisiones por parte de los inversores-; no podría estar más de acuerdo con las propuestas de remover aquéllos cimientos.

 

            En efecto, la propuesta del legislador federal, misma que fue objeto de una descalificación generalizada incluido el propio Presidente de la República, entre otros efectos, influyó en una depreciación del peso frente al dólar, según el diario El Universal de hoy. En ese sentido, no debería pasar inadvertida la responsabilidad del propositivo Senador de la República, lo cual, incluso, me atrevo a comparar con la responsabilidad de los servidores públicos cuando incurren en una actividad administrativa irregular.

 

 
Maestro José Manuel Mantecón Vázquez es actualmente Magistrado Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas; dentro del Poder Judicial del Estado de Chiapas también ha sido Magistrado de Sala Regional, adscrito a la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y Magistrado del extinto Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
Anteriormente, perteneció al Poder Judicial de la Federación, siendo Oficial y Actuario Judicial, así como Secretario de Juzgado en distintos órganos jurisdiccionales del país, en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Ciudad de México; La Paz, Baja California Sur y Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.
De igual forma, fue Director General de Amparos de la Procuraduría General de la República en la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
También, fue Agente del Ministerio Público auxiliar del Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas y Secretario Privado del mismo.
Asimismo, es titular la Notaria Pública Número 51 del Estado de Chiapas, actualmente con licencia en la función notarial.
En el ámbito académico, ha sido catedrático de las asignaturas de amparo y clínica de amparo, en la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, A. C., así como de la misma asignatura de amparo dirigido funcionarios del Poder Judicial del Estado de Chiapas y catedrático del Curso de Nociones Generales del Juicio de Amparo 2008, en la Extensión Chiapas del Instituto de la Judicatura Federal.
Por último, cabe destacar que cursó la Especialidad en Secretaria en Estudio y Cuenta, impartida por el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en el Palacio de Justicia Federal, Ciudad de México, a la cual accedió por oposición.
 

 

 

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