La organización de las elecciones en México
Ricardo Araujo/Chiapas Digital
La organización de las elecciones y el sistema electoral en México, es un complejo modelo basado en la desconfianza. Sus cimientos se han edificado en el aprendizaje histórico vivido en el país, cuya memoria colectiva – en comunión con el esfuerzo y responsabilidad de algunos importantes actores políticos de su tiempo – logró registrar y sintetizar, en una meticulosa, basta y rigurosa legislación, un esquema institucional que permite velar por la transmisión de los poderes públicos de manera pacífica y confiable, en un intento de evitar prácticas fraudulentas, provenientes en gran medida de las propias autoridades encargadas de organizar las elecciones, que en otra época guardaban estrecha relación con el poder ejecutivo.
Para llegar al sistema actual de organización de elecciones – que con todas las críticas que éste podría originar- es considerado uno de los más confiables a nivel mundial, el país tuvo que transitar por una serie de movimientos políticos, sociales, sucesos trágicos y de violencia armada, entre otros, los cuales en su propia medida, dieron origen a la transformación del sistema político y electoral.
En ese tenor, a partir de 1977 y particularmente de 1990 a 1996, con la promulgación del COFIPE, así como la creación y consolidación del Instituto Federal Electoral, se concretaron importantes avances en materia democrática en nuestra nación, al lograrse construir un padrón electoral confiable, como base fundamental de certeza para la organización de las elecciones, además de crear instrumentos como la credencial de elector y la lista nominal de electores.
Asimismo, como mecanismos de imparcialidad y certeza, se logró garantizar la representación igualitaria de los Partidos Políticos en los Consejos, Comisiones de Vigilancia y Mesas Directivas de Casilla. A su vez, se crearon procedimientos de: doble insaculación (sorteo de integrantes de mesas directivas de casilla), ubicación de lugares en donde se instalarán las casillas, conteo y sellado de boletas, protocolos de bodegas electorales, entrega y recolección de paquetes en determinados plazos, escrutinio y cómputo, entre muchos otros. Además, se facultó a la ciudadanía para realizar actividades de observación electoral y se conformó un servicio civil de carrera especializado.
Estos mecanismos y esfuerzos humanos e institucionales, fueron diseñados desde su origen con un objetivo específico, que es la organización de procesos electorales auténticos, en donde de manera periódica y libre el ciudadano pueda expresar su voluntad y ésta a su vez, ser procesada en conjunto con la de los demás ciudadanos, para ser traducida en resultados, y por medio de estos asignar e integrar los cargos de elección popular.
Negar este esfuerzo y logro institucional, únicamente puede hacerse por dos razones: desconocimiento de la historia político-electoral del país y su sistema electoral, o perversidad. La primera es justificable y tiene solución, la segunda resulta indispensable combatirla, pues encierra profundos intereses, contrarios a un estado liberal y democrático.
Ahora bien, la organización de las elecciones a nivel federal y local, en la práctica, han resultado ser sumamente dispares en cuanto a su calidad, toda vez que a diferencia del Instituto Federal Electoral, los institutos de elecciones locales, carecieron en su mayoría del rigor metodológico implementado por el IFE, así como de los recursos necesarios y la voluntad política de los ejecutivos locales y los órganos directivos de los mismos, para realizar sus tareas con base en criterios estrictos de independencia, imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad.
Esta disparidad en la organización de las elecciones, originó una percepción ciudadana ambigua, en la que ambas instituciones se confundían y tomaban en muchas ocasiones como sinónimas, lo que dio origen en gran medida a la reforma electoral de 2014.
Producto de ésta, se dio vida al Instituto Nacional Electoral, – se dijo- “con la finalidad de mejorar la calidad con la que se organizan los comicios federales y locales, así como para aumentar la participación ciudadana”. Su forma de creación fue llamada por algunos actores políticos y estudiosos como de carácter “híbrido”, en virtud de que las facultades para la organización de elecciones no serían en su totalidad para el órgano nacional, como inicialmente se planteó en la presentación de la iniciativa de reforma, en la que se proponía la desaparición total de los institutos locales, sino que subsistirían estos, con facultades disminuidas, dando lugar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL). Las facultades que estos perdieron, fueron asumidas por el órgano nacional. A su vez, la designación del órgano de dirección de dichos organismos, que en su momento correspondió a los congresos locales y grupos parlamentarios, es ahora competencia del máximo órgano de dirección del INE, es decir de su Consejo General.
Con esta nueva normatividad, si bien se logró que la autoridad nacional adquiriese mayores facultades en la organización de los procesos locales, y un mayor control a través de la designación de su máximo órgano de dirección, ello no impactó de forma significativa en el mejoramiento de la calidad de los procesos locales, pues un análisis de los procesos organizados por los OPL a partir de 2014, permite observar un actuación en esencia similar a la realizada antes de la referida reforma, con avances menores. Además de ello, y contrario al ámbito de racionalidad presupuestal, se mantiene una estructura cuasi paralela, y de duplicidad de funciones, que no es justificable en términos de austeridad y costo-beneficio, la cual hizo casi imperceptibles los beneficios de la citada reforma.
En consecuencia, al carecer de justificación, resulta indispensable en una nueva revisión del marco jurídico electoral, analizar la viabilidad de fortalecer al INE, y facultarlo como único órgano administrativo encargado de organizar elecciones en el país (federales y locales).
Lo anterior, ya que es el IFE-INE – y no los OPL – quien ha demostrado históricamente su verdadera vocación y capacidad operativo-logística para la organización de elecciones, llevando a cabo con eficacia y alto grado de certeza 10 procesos electorales ordinarios. No obstante, la ausencia en varios momentos de un estado de derecho fuerte que lo respalde, y la compleja problemática social y política que ha imperado en el país.
Ricardo Araujo Salazar
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas; Maestro en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Escuela Libre de Derecho de Puebla A.C.; Presidente de Compromiso Ciudadano por Chiapas, A.C.; Director de MAG Consultoría Política S.A. de C.V.; Académico de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas A.C.
Twitter @_RicardoAraujo_