CNDH aboga por derechos de indígenas chiapanecos
Foto: Animal Político
José Martínez/Chiapas Digital.- Alrededor de cinco mil doscientas personas provenientes de localidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó en Chiapas, fueron desalojadas de sus hogares por actos de violencia, entretanto, autoridades estatales y federales hicieron caso omiso a este hecho.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emanó la Recomendación 87/2018 puesto que se considera que las autoridades infringieron los derechos a la libertad de circulación y residencia a no ser desplazado forzosamente, a la asistencia humanitaria.
Esta recomendación, está orientada al gobernador Rutilio Escandón Cadena, al fiscal general José Luis Llaven Albarca, al subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República, Alejandro Gertz Manero, al comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón, al director general del Instituto Nacional de los Pueblos indígenas, Alfredo Regino López, a los alcaldes de Chalchihuitán, Margarita Díaz García y de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez.
Se especula que el organismo, no facilitó la ayuda inmediata, ni brindaron servicios básicos como luz, agua, incluso seguridad pública, tampoco fueron atendidos ante la violencia ni garantizaron la salvaguarda de los derechos humanos de los indígenas desalojados.
El organismo que involucra a Luis Raúl González Pérez, refiere que el 18 de octubre del 2017 en que varias personas que arribaron al municipio de Chalchihuitán con armas de fuego, atentaron contra la comunidad, lo que provocó la muerte de una persona.
Ante este hecho comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololcojón, Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Canaman y Tzomoltón del municipio de Majompepentic y Chalchuhuitán dejaron sus viviendas en busca de ayuda a otros lugares del municipio.
Debido a esta situación la CNDH, solicitó que el realizarse un plan de reparación colectiva a las víctimas directas e indirectas que estuvieron involucradas en el DFI, para garantizarles salud médica, psicológica e incluso, a quienes perdieron sus viviendas, sus tierras y ganado integrarlos al programa de Registro Nacional de Victimas.