Castillo de Naipes

Fernando Cantón

Los reclamos frontales entre el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, por los conflictos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), únicamente dan muestra de la polarización que existe entre el Gobierno Federal y algunos de los mandatarios estatales.

En el caso específico de Michoacán, el desabasto de combustible, el guachicoleo y los bloqueos de la CNTE a las vías ferroviarias, han provocado serios pronunciamientos que se han salido de lo político para pasar directamente a la confrontación de declaraciones; pues mientras el presidente Andrés Manuel y algunos miembros de su gabinete, acusan al gobernador michoacano de desatención y hasta frivolidad en su manera de gobernar, Silvano Aureoles responde que es competencia de la federación atender esos problemas, cosa que no han hecho.

Mientras ambas partes se tiran la “bolita” para la solución de conflictos, quienes quedan en medio de estos dimes y diretes son los ciudadanos, y son los sufren el incremento de precios en algunos productos de la canasta básica por la escases de gasolina; el aumento de la inseguridad por el combate al guachicoleo y pérdidas millonarias a empresarios que no pueden trasladar su mercancía de un punto a otro del estado o del país, a causa de los bloqueos de la CNTE.

Como alguien dijo por ahí “la unidad da buenos resultados”, sin embargo todo parece indicar que en nuestro país se está muy lejos de eso, ante la insistencia del Gobierno Federal de no asumir compromisos y continuar culpando a terceros de los problemas por los que atraviesa México; en tanto que los últimos se defienden del descredito ante sus gobernados.

Migración

Y precisamente hablando de polarización y desencanto, resulta que las nuevas caravanas de migrantes centroamericanos ya no son tan bienvenidas como ocurrió con las dos primeras, pues en muchos puntos de su trayecto ya han sido corridos incluso con palos y hasta con armas, como ocurrió en recientes días en el parque de Ayutla, Guatemala.

La migración como bien se sabe, es un derecho humano irrenunciable, sin embargo cuando es motivada y liderada con fines políticos o económicos, se convierte también en un acto criminal para quienes participan en ella por las penurias que pasan y la exposición al rechazo social de los habitantes de otros países.

En ese rechazo social nuestro México no ha sido la excepción, pues en Tijuana éste se ha incrementado hacía la comunidad centroamericana, que se ha quedado varada ante la imposibilidad de cruzar a los Estados Unidos.

Y es que dentro de las caravanas de migrantes hay gente buena, pero también delincuentes que infiltrándose en ellas y sin pasar por los procesos migratorios, ingresan a otros países para delinquir. Tan sólo en Chiapas, la Fiscalía General del Estado durante las últimas semanas ha detenido y entregado a las autoridades de sus naciones de origen, a por lo menos siete personas acusadas y buscadas por cometer diversos delitos.

Naipe bajo la manga

El propio comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh López, informó a través de las redes sociales la finalización del programa de recepción de migrantes centroamericanos, implementado por la “Nueva Política Migratoria” ¿Será éste el inicio del endurecimiento de las políticas para impedir nuevas oleadas bajo la presión de los Estados Unidos?